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Martinsa, líder inmobiliario, suspende pagos

MADRID. Tras casi un año aguantando el tipo, España tiene ya su mayor inmobiliaria en suspensión de pagos. El consejo de administración de Martinsa-Fadesa decidió a última hora de ayer presentar el concurso de acreedores poniendo negro sobre blanco la realidad económica por la que atraviesa el país y dejando en evidencia la gestión del Gobierno, que hasta el último momento tuvo la posibilidad de evitar lo que, según el sector, puede ser el desencadenante de una reacción en cadena

Los administradores de la primera inmobiliaria del país por metros cuadrados de suelo y una de las mayores de Europa por promociones residenciales vivas había cumplido los requisitos que le impusieron sus bancos acreedores para la refinanciación de sus 4.000 millones de deuda, excepto un requerimiento que, según la compañía, dependía del Gobierno. La obligación no era otra que obtener la concesión de un préstamo por importe de 150 millones de euros desde una entidad financiera externa al conjunto de acreedores, que no era otra que el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El ministro de Economía, Pedro Solbes, se comprometió con el presidente de la inmobiliaria, Fernando Martín, antes de las pasadas elecciones generales a que el Instituto que preside Aurelio Martínez concedería tal crédito para evitar la quiebra del grupo. De hecho, algunos de los bancos acreedores comunicaron a la inmobiliaria que puestos en comunicación con el ICO, este organismo oficial había confirmado la orden del préstamo recibida desde Economía. Eso sí, el crédito necesitaba un respaldo que Martinsa-Fadesa ofreció a través de garantías sobre activos valorados en 330 millones de euros.
Pero las palabras se las lleva el viento, que dice el refrán, y Solbes, una vez ganados los comicios, ha perdido el interés en evitar la suspensión de pagos de la primera inmobiliaria del país que emplea de forma directa a 880 personas.
Cumbre ministerial
Ni siquiera sirvió ayer la intercesión del ministro de Industria, Miguel Sebastián, que consiguió que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convenciera a Solbes de la convenciencia de celebrar una cumbre ministerial entre «primeros espadas» de Economía, Industria y Vivienda con el objetivo de calibrar las consecuencias políticas tanto de la decisión de negar el crédito como de los riesgos de concederlo. El vicepresidente económico impuso sus tesis pese a la argumentación conjunta de Vivienda e Industria con el respaldo de la vieja guardia del PSOE. El mismo comisario europeo de Economía, Joaquín Almunia, ya vatició por la mañana que no habría concesión para Martinsa-Fadesa, cuando tras ser preguntado sobre la situación de la compañía se limitó a subrayar que el sector inmobiliario español saldrá adelante pese a las dificultades de su primer grupo.
La «cumbre» tuvo lugar durante la mañana de ayer y concedió un hilo de esperanza al consejo de administración de Martinsa-Fadesa que esperó lo que podía ser un milagro hasta que el presidente del grupo recibió por vía telefónica el no definitivo del Gobierno. Llegados a este punto, la inmobiliaria tan sólo tenía dos caminos: presentar el concurso de acreedores y controlar el proceso o esperar a que uno de los bancos acreedores tomara la iniciativa y, por tanto, teledirigiera el procedimiento.
De hecho, al mismo tiempo que los administradores de Martinsa debatían sus opciones, se replicaban las reuniones de consejo en la mayor parte de las cajas de ahorros acreedoras de la inmobiliaria (ver gráfico) para analizar sus pasos a seguir. Un dato que tuvieron muy en cuenta los administradores de Martinsa en todo momento.
Consecuencias en cadena
Las cajas acreedoras tenían y tienen motivos reales para evaluar su posición. Según la circular emitida por el Banco de España sobre normas de información financiera pública, todas las entidades que han concedido créditos a Martinsa-Fadesa tendrán que provisionar en su cuenta de resultados hasta un 25% del importe total prestado a la inmobiliaria. Además, dentro de su balance las entidades acreedoras tendrán que trasladar a la partida de activos dudosos de cobro el importe de la totalidad del crédito concedido a Martinsa-Fadesa

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